Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. En medio de protestas, bloqueos y reclamos que ya llevan diez días consecutivos, el presidente Rodrigo Paz endureció ayer su discurso y advirtió que quienes «intenten destrozar la democracia serán encarcelados», mientras el Gobierno denuncia un supuesto plan de desestabilización con financiamiento del narcotráfico.

Las declaraciones del mandatario se dieron en La Paz, durante la presentación del informe «Democracias bajo presión», encabezado por la directora del Programa de las ONU para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.

«Lo digo con absoluta firmeza (…) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal», afirmó Paz, en un mensaje dirigido a quienes, según el Ejecutivo, buscan generar una ruptura institucional.

La postura de Paz

El presidente, que lleva seis meses de gestión, aseguró que Bolivia atraviesa una especie de «cataclismo» político por la ruptura entre una forma tradicional de hacer política y una nueva visión. En ese contexto, cuestionó con dureza al Movimiento al Socialismo (MAS), espacio que gobernó el país durante casi dos décadas bajo las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. A su juicio, la sociedad boliviana estuvo «secuestrada» durante 25 años bajo un sistema estatal excesivamente controlador. Incluso comparó esa situación con una especie de «síndrome de Estocolmo», al afirmar que parte de la población sigue buscando a quienes, según él, limitaron libertades y oportunidades.

Mientras Paz defendía su postura, las protestas continuaban en distintas regiones del país. La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, organizaciones indígenas, maestros, sindicatos y trabajadores mineros mantienen movilizaciones y bloqueos para exigir la renuncia de Paz, al considerar que no logró resolver la crisis económica ni el faltante de combustibles.

Reclaman la salida del presidente

En paralelo, Paz confirmó que mantuvo negociaciones con mineros cooperativistas de Potosí, luego de los incidentes violentos registrados en La Paz. Según el Gobierno, el diálogo permitió alcanzar un acuerdo para desactivar esa protesta. Sin embargo, la tensión continúa. Una marcha encabezada por seguidores de Evo Morales avanza hacia la sede de Gobierno y prevé llegar el próximo lunes para reclamar la salida de Paz.

La crisis se profundizó aún más luego de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunciara la existencia de un supuesto «plan macabro» para provocar una ruptura constitucional mediante protestas financiadas por el narcotráfico, apuntando a Morales.

El exmandatario rechazó las acusaciones y desafió al Ejecutivo a demostrar sus afirmaciones además de cuestionar que se vincule a los sectores movilizados con actividades ilegales.

El conflicto comenzó tras el rechazo a una ley que, según campesinos e indígenas, afectaba derechos sobre la tierra. Aunque la norma fue derogada el miércoles, las protestas se mantienen, reflejando un malestar más profundo en un país golpeado por la crisis económica y la incertidumbre política.