La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue tomada tras considerar que el fuero laboral no era competente para resolver la causa y que el planteo requería un análisis de fondo incompatible con una resolución provisoria.

El fallo se produjo en el marco de una demanda iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. Marra Giménez destacó que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había dictado la cautelar, carecía de competencia para suspender artículos relacionados con la norma.

En este sentido, citó la Ley 26.854, que establece que los jueces deben abstenerse de dictar cautelares cuando el conocimiento del caso no es de su competencia.

Los artículo afectados

El fallo también cuestionó el alcance de la cautelar, que suspendía artículos vinculados con temas como contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza consideró que el planteo de la CGT excedía el ámbito de una medida cautelar, ya que se trataba de cuestiones complejas que requerían un análisis más profundo.

En su resolución, Marra Giménez subrayó que examinar la constitucionalidad de los 81 artículos de la ley en una instancia cautelar implicaba adelantar criterios sobre el fondo del asunto, lo que consideró un abuso del instituto cautelar. Además, recordó que las leyes gozan de una presunción de legitimidad, lo que implica que no es posible suspenderlas sin una evaluación exhaustiva de los derechos involucrados.

«Plena vigencia»

Tras el fallo, el Ministerio de Capital Humano destacó que la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 se encuentra en «plena vigencia». En un comunicado oficial, la cartera que encabeza Sandra Pettovelo enfatizó que la citada norma es una herramienta clave para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores. La resolución judicial deja claro que la ley sigue vigente, mientras la causa avanza hacia una resolución definitiva.