El levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi ha dejado al descubierto uno de los escándalos de corrupción más sistémicos de la última etapa del cepo cambiario, durante la presidencia de Alberto Fernández. La investigación judicial apunta a una red de intermediarios, empresarios y funcionarios públicos que operaban un «circuito paralelo» para acelerar la aprobación de solicitudes en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a cambio de retornos millonarios calculados sobre el dólar informal.

El peritaje del teléfono de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, fue la pieza clave que permitió reconstruir una «cadena de intermediación» donde se cobraban comisiones de entre el 10% y el 15%. Según el expediente, los implicados «percibían entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o ‘blue'». Esta maniobra permitía reducir los tiempos de espera -que oscilaban entre 30 y 120 días- a tan solo una semana o diez días.

Los audios

En las conversaciones obtenidas, Migueles interactuaba con Ariel Germán Saponara (agendado como «Ariel Viken»), un abogado con pasado en la Policía Metropolitana y que trabaja hoy en Presidencia de la Nación. El 2 de marzo de 2023, Saponara consultó a Migueles: «Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas».

Migueles respondió: «Creo que tengo uno al 12». Más tarde, reforzó la oferta mediante un audio: «Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta… o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien». El esquema de negocios era claro: cobrar un porcentaje sobre el valor del dólar informal y repartir el margen sobrante tras pagar la «dádiva» interna. En otro audio, Migueles fue tajante: «Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?».

Funcionarios en la mira

La investigación no solo alcanza a privados. La fiscalía señaló a cinco funcionarios del Banco Central —Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime— quienes «podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les competen». A esto se suma la participación de Héctor Ezequiel Caputto, alias «Pipo», encargado de «rendir» el dinero dentro de las oficinas públicas.

Cómo se repartían los dólares

Según los datos obtenidos del celular peritado, en un cruce con Martín Migueles, «Pipo» (Héctor Ezequiel Caputto) aclaró los costos: «Papucho, es el 15 oficial, no sé cómo lo sacaste lo del 8. Pero es el 15 oficial el costo, lo que hayas marcado arriba es lo nuestro. Pero el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro».

Incluso detalló la liquidación de una operación para la empresa Neme SA: «Martincho, ¿cómo andás? Bueno, ahí te pasé la cuenta. Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro… Vos le cobraste el 10% blue… nos quedan 1100 USD para repartir más o menos».

No fueron hechos aislados

Para la Justicia, estas gestiones para firmas como Neme SA, Fizika o Tefasa no fueron hechos aislados, sino una práctica sistemática.

Ariel Germán Saponara incluso admitía su rol activo mientras cumplía funciones estatales: «¿Qué haces Martín? ¿cómo andas? Si si, quédate tranquilo. Pasa que estoy laburando acá en el Ministerio. Ya lo llamé y arreglamos. Ellos lo tienen que chequear con el despachante. No es que voy a salir corriendo».

Con el secreto de sumario levantado, el juez Ariel Lijo ordenó allanamientos contra los financistas Gonzalo Calo, Fernando Tacchi y Alejandro Calian. La causa ahora busca determinar si existió una «Señora» dentro de la Secretaría de Comercio que facilitaba las firmas finales, cerrando un círculo de corrupción que lucró con el acceso restringido a las divisas.