Mientras las críticas de la oposición política crecen con el paso de las horas por el escándalo con los millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno, ayer se presentó una nueva denuncia penal que apunta contra el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el actual Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos.

La acusación, impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, plantea posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la presentación judicial, ambos funcionarios habrían sido responsables, por acción u omisión, de permitir el otorgamiento de al menos unos 30 préstamos hipotecarios presuntamente irregulares a integrantes del Gobierno que dependen del Ministerio de Economía.

La denuncia se suma a otra presentada días atrás por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que también pidió investigar posibles beneficios indebidos en el acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación.

La situación generó dudas

El caso tomó relevancia tras conocerse que un grupo de funcionarios, legisladores y militantes vinculados al Gobierno accedieron a créditos hipotecarios con montos que alcanzan hasta los 320.000 dólares. La situación generó dudas debido a que muchos de los beneficiarios ya contarían con propiedades, lo que contrasta con el objetivo histórico de este tipo de financiamiento, destinado mayormente a quienes buscan acceder a su primera vivienda.

En ese contexto, se investiga si durante 2024 se modificaron las condiciones del Banco Nación para flexibilizar los requisitos de acceso a los créditos. Entre los cambios bajo análisis figura la ampliación del esquema de garantías, que permitiría sumar familiares y terceros como respaldo cuando los ingresos del solicitante no alcanzan para cubrir las condiciones habituales.

Este punto resulta clave, ya que los ingresos de varios de los funcionarios involucrados no alcanzarían, en condiciones normales, para calificar a créditos de ese volumen. La controversia se profundiza al considerar que cerca del 80% de las solicitudes de créditos hipotecarios en el Banco Nación suelen ser rechazadas, lo que alimenta las sospechas sobre un posible trato diferencial en estos casos.