Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, las cinco empresas que concentran una capitalización bursátil cercana a los 13 billones de dólares —más que el PIB combinado de toda América Latina—. La cifra impresiona, pero lo decisivo es otro dato. Esas cinco compañías, sumadas, dan empleo directo a dos millones de personas. Comparada con la industria automotriz norteamericana del siglo XX, que con una fracción mínima de ese valor sostenía empleos para la clase media de medio continente, la asimetría salta a la vista. Algo cambió en la forma en que el capitalismo produce valor —y, con ello, en la forma en que los Estados pueden gravarlo y la democracia, regularlo.

El primer problema es fiscal. La economía digital transita libre por jurisdicciones, deslocaliza utilidades, traslada propiedad intelectual a paraísos tributarios y declara ganancias donde mejor le conviene. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva más de una década intentando coordinar una respuesta —el llamado Pilar Uno y Pilar Dos del marco Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)—, sin avances sustantivos. La administración Trump bloqueó este año el componente más ambicioso de la propuesta. La consecuencia es conocida: los Estados nacionales recaudan cada vez menos sobre la fracción más dinámica de la economía global, y compensan con más impuestos al consumo o al ingreso del trabajo. El que paga sigue siendo el mismo. El que evade, también. Pero el problema no se agota en lo fiscal. Las plataformas digitales no son canales neutros: son arquitecturas que organizan la conversación pública según métricas de retención y rentabilidad publicitaria. Lo que maximiza el clic no es lo mismo que sostiene una democracia deliberativa. Estudios sucesivos – Allcott, Gentzkow, los expedientes filtrados por Frances Haugen – han documentado que los algoritmos privilegian contenido emocionalmente intenso, polarizante, que confirma sesgos antes que desafiarlos. La esfera pública habermasiana suponía interlocutores expuestos a argumentos contrarios. La esfera pública algorítmica entrega a cada ciudadano una versión personalizada del mundo, calibrada para que no quiera salir de ahí.

Byung-Chul Han ha descrito esta condición como la sociedad de la transparencia: todos visibles, todos rastreados, todos clasificados, sin que medie por ello verdadera comunicación política. La paradoja es elocuente: nunca hubo más información disponible; nunca hubo menos terreno común sobre el cual deliberar.

A esto se suma el avance de la inteligencia artificial generativa. La capacidad de producir texto, imagen y video sintético a costo marginal cero está reconfigurando la frontera entre información y desinformación. En las elecciones recientes -Eslovaquia, Argentina, EEUU- se documentaron audios falsos de candidatos, imágenes apócrifas circulando en horas decisivas, deepfakes que el verificador alcanza a desmentir cuando ya cumplieron su función. El daño no es solo el contenido falso: es la sospecha generalizada que ese contenido siembra sobre lo verdadero. Si todo puede ser fabricado, todo puede ser negado.

Hay además una dimensión laboral que pocas veces se discute. Los algoritmos de las plataformas de delivery, transporte y trabajo freelance organizan a millones de trabajadores latinoamericanos sin contrato, sin protección y sin contraparte para negociar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en la región más de 15 millones de personas dependen ya, total o parcialmente, de ingresos generados por aplicaciones que no las reconocen como empleadas. Una transformación silenciosa del estatuto laboral que sostuvo durante un siglo la ciudadanía social moderna. Y con ella, una porción no menor de la legitimidad democrática.

¿Qué tiene que ver todo esto con las democracias latinoamericanas? Más de lo que parece. Un Estado fiscalmente erosionado tiene menos capacidad de regular las plataformas que operan en su territorio, menos recursos para sostener los servicios públicos que estabilizan la convivencia, menos margen para responder a las frustraciones ciudadanas que las propias redes amplifican. La frustración alimenta la polarización, la polarización alimenta el clic, el clic alimenta la concentración. El círculo se cierra sobre sí mismo, y los gobiernos de turno – de derecha o de izquierda – heredan un perímetro de acción cada vez más estrecho.

Chantal Mouffe advertía sobre el riesgo de un consenso pospolítico que vacía la democracia de antagonismo legítimo y deja el conflicto a merced de los populismos. La economía digital agregó una capa nueva: el antagonismo se procesa hoy en infraestructuras privadas cuyas reglas no fueron deliberadas por nadie. Cuando una decisión de moderación de contenidos tomada en California afecta el debate electoral latinoamericano, hay un problema de soberanía democrática que ningún tratado internacional vigente alcanza a resolver. La salida no es simple, y desconfío de quienes la presentan como tal. Implica, al menos, tres cosas: tributación coordinada efectiva sobre las grandes plataformas – no la negociación condicionada al veto estadounidense -; regulación robusta sobre transparencia algorítmica y responsabilidad por el contenido amplificado; y, quizás lo más difícil, una reconstrucción de la institucionalidad pública capaz de operar con tiempos democráticos en un entorno tecnológico que no los respeta. Nada de esto está en la agenda regional. Brasil intentó legislar sobre responsabilidad de plataformas y la iniciativa quedó atrapada en el Congreso. Argentina descarta cualquier regulación bajo Milei. El resto del continente esquiva el asunto, mientras la base imponible más dinámica del siglo XXI sigue gravándose por debajo del costo de un café. El tema no rinde votos. Y eso, justamente, es lo que lo vuelve estratégico para quien quiera entender por dónde se está fugando la capacidad democrática contemporánea.

¿Cuánto del descontento que atribuimos a las élites políticas tradicionales se origina en una transformación económica que esas élites no saben – o no se atreven – a nombrar? Mal pronóstico para los tiempos que corren.

* Paulo Hidalgo es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca-sede Santiago