Buenos Aires, 19 marzo (NA) — El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó a seis de los diez imputados que llegaron a juicio en el caso Yectafer. La Justicia los acusó por su responsabilidad en la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro que, entre 2003 y 2004, produjo la muerte de al menos tres personas y causó daños en la salud de otras 29 víctimas.

El debate oral comenzó en noviembre de 2023 y estuvo integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini, quienes, además de las condenas, dispusieron el pago de indemnizaciones a las víctimas por un monto de $1.030 millones, por el daño moral y material causado. El próximo 19 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia, destaca el comunicado del portal Fiscales al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el debate intervino el titular de la Fiscalía General N.º 7, Miguel Ángel Osorio, junto con la auxiliar fiscal Denise Belieres. En el alegato, los representantes del MPF habían solicitado penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados.

Las sentencias más elevadas —de 8 y 7 años de prisión— fueron impuestas a Pablo Jorge Cernadas y Daniel Rabinovich. El primero era director de compras y el segundo, uno de los dueños de la droguería Quimbel, que comercializó el producto. Ambos fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, en concurso material con el delito de asociación ilícita en calidad de miembros.

El diseñador gráfico Miguel Cervera —dueño de la empresa Ampopack que proveyó las ampollas para el medicamento adulterado—, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del delito de suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas.

En tanto, para el empresario Alberto Mario Akawie, que cobró cheques en la maniobra; el comerciante Adrián Quintela y el repartidor Víctor Scattolini, ambos aportaron facturas truchas, el tribunal les impuso la pena de 4 años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

Acerca de los acusados que fueron absueltos por el tribunal, informaron que se tratan del empresario Santiago Lucio Gavazza; Roberto Gegenschatz, el otro dueño de la droguería Quimbel; el chofer Diego Hernán Manzotti; y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale.

En el cierra de la audiencia los jueces fijaron indemnizaciones para resarcir a las víctimas por un monto global de $1.030 millones, destinando $450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que estaba cursando un embarazo de 22 semanas, $300 millones para los familiares de otro de los fallecidos y montos de entre $10 y 20 millones para los damnificados.

CASO

En la investigación se tuvo por acreditada la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006, y se destacó que se falsificó e imitó el producto original —cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio Astrazeneca— para disimular sus propiedades nocivas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los peritajes determinaron que el producto adulterado contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, además de diferencias en el PH y la densidad respecto del medicamento original.

El medicamento es un suplemento inyectable utilizado para tratar deficiencias de hierro en adultos y tras la adulteración se notificaron al menos tres muertes y casi 30 damnificados.

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