Un abogado y empresario del medio denunció públicamente haber sido víctima de una presunta maniobra fraudulenta por parte de una empresa dedicada a prestar servicios mineros.

Tras la presentación judicial, la causa fue caratulada provisoriamente como «estelionato y administración fraudulenta en concurso real», y la Justicia local habría dispuestoo embargos millonarios contra la firma «Centinela Servicios Mineros S.A.», según constaría en el expediente penal exhibido.

El abogado y empresario Iván Sánchez, junto a su asesor legal Diego Rivetti, explicó a El Tribuno que en noviembre de 2025 alquilaron cinco camionetas Nissan, modelos nuevos y equipadas para servicios mineros de altura, a la empresa Centinela Servicios Mineros S.A., cuyos titulares serían M. F. P. C. y A. F. En el contrato, según indicaron, ambos habrían quedado constituidos como depositarios y custodios de los vehículos entregados en alquiler.

Cheque rechazado

«A los 40 días no me pagaron el alquiler, aunque sí entregaron un cheque de un tercero, que terminó siendo rechazado por falta de fondos por el banco Galicia. Después comenzaron las evasivas y, en ese ínterin, apareció una persona buscando documentación de una de las camionetas para realizar la transferencia de dominio», sostuvo Sánchez.

«Ahí caí en la cuenta de que esa unidad presuntamente había sido vendida y solicité la devolución de los cinco vehículos. Logré el pago de un alquiler vencido, pero las camionetas nunca me fueron restituidas», agregó.

Según el denunciante, inicialmente radicaron una denuncia por «retención indebida» y, a partir de la intervención de la Brigada de Investigaciones, lograron localizar tres de los vehículos, que ya habrían sido «enajenados» en una maniobra en la que los denunciados tendrían participación.

Además, sostuvo que quienes actualmente poseían las camionetas también habrían resultado damnificados.

Falsificación de documentos

«Lo llamativo es que, tras una intensa tarea de búsqueda e investigación de la maniobra, se descubrió que la venta de los vehículos de mi propiedad presuntamente se realizó falseando la intervención de una escribanía y utilizando firmas apócrifas en la documentación de compra y venta», afirmó Sánchez.

El empresario agregó que posteriormente también habría existido una certificación de esa supuesta falsedad mediante documentación atribuida a una escribanía y al Colegio de Escribanos, aunque aclaró que «todos esos instrumentos serían apócrifos».

Por último, el abogado y empresario calificó públicamente el episodio como una maniobra «dolosa» y de «alta suciedad», mientras la investigación continúa en trámite en la Justicia provincial.