En los márgenes de la producción ganadera tradicional, donde cada animal representa inversión, trabajo y sustento, una investigación judicial logró desarmar una trama que operaba en la clandestinidad. Con movimientos calculados y tareas distribuidas, una presunta organización dedicada al abigeato y la comercialización ilegal de carne quedó al descubierto tras meses de seguimiento en el Valle de Lerma.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, solicitó la elevación a juicio de una causa que tiene a nueve personas imputadas por integrar una estructura delictiva con funcionamiento sostenido en el tiempo. Según la acusación, todos están sindicados como coautores del delito de asociación ilícita, a lo que se suman dos hechos de abigeato doblemente agravado, tanto por el uso de fuerza como por la participación de más de tres personas.

Una estructura con roles definidos

La investigación permitió establecer la existencia de una organización con división de tareas, logística y coordinación interna. En ese esquema, Mario Martiniano Aramayo, alias “Chivero”, de 51 años, es señalado como el líder y principal articulador de las maniobras. La fiscalía sostiene que impartía directivas y coordinaba las acciones del grupo.

Dentro del mismo núcleo aparecen sus hijos: Mario Rodrigo Aramayo (19), Martín Leandro Aramayo (30) y Bruno Facundo Aramayo (26), quienes habrían tenido un rol activo tanto en la sustracción de ganado como en la faena clandestina y la logística posterior.

En tanto, José Abel Pastrana, Joaquín Matías Burgos y Jorge Maximiliano Prieto son apuntados como partícipes en el traslado y la posterior comercialización de la carne, mientras que Gastón Emanuel Esquite y Alan Ezequiel Suárez habrían cumplido funciones vinculadas al acopio, distribución y apoyo logístico.

Dos hechos que activaron la investigación

El primero de los episodios investigados ocurrió el 18 de septiembre de 2025, en la Finca El Molino, ubicada sobre la Ruta Provincial 36. Durante la madrugada, los acusados habrían dañado el alambrado perimetral para sustraer una vaca raza Jersey preñada, que luego fue trasladada y faenada ilegalmente.

La investigación avanzó con un dato clave el 11 de noviembre de 2025, cuando en un control vehicular en un camino alternativo hacia Finca Las Peras, la Policía interceptó un vehículo que transportaba restos cárnicos. Los análisis posteriores permitieron vincular ese material con el animal denunciado. A partir de allí, se ordenaron allanamientos donde se encontraron el cuero, restos del animal y la cría sin vida, en coincidencia con las características aportadas por el damnificado.

El segundo hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2025, en la Finca Quijano, donde fue sustraído un novillo de raza Holando Argentino. La mecánica fue similar: ingreso violento, extracción del animal, faena clandestina y posterior distribución.

Un circuito clandestino de carne

Uno de los aspectos centrales de la causa es la reconstrucción del circuito de comercialización. La fiscalía sostiene que parte de la carne obtenida era vendida en carnicerías locales, a precios inferiores a los del mercado formal, lo que permitía insertar el producto en el circuito comercial sin controles sanitarios ni trazabilidad.

Este punto no solo configura un delito económico, sino que también abre interrogantes sobre los riesgos sanitarios asociados a la venta de carne sin controles oficiales, fuera del sistema regulado por organismos como el SENASA.

Pruebas clave y nuevas líneas de investigación

Entre los elementos reunidos por la fiscalía se destacan intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares, informes de geolocalización, testimonios y tareas de inteligencia criminal. A esto se suman los resultados de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, donde se secuestraron herramientas típicas de faena como sierras, cuchillos y otros elementos.

Además, informes del Registro de Marcas y Señales y del SENASA confirmaron que los imputados no contaban con habilitación para desarrollar actividad ganadera, lo que refuerza la hipótesis de un circuito completamente ilegal.

El análisis de los dispositivos también abrió una nueva línea: la posible organización de riñas de gallos, lo que derivó en el inicio de otra investigación paralela.

El paso hacia el juicio

Con este conjunto de pruebas, el fiscal Escalante consideró acreditada la existencia de la organización y la participación de los imputados con el grado de convicción requerido en esta etapa. Por eso solicitó la elevación a juicio, instancia en la que un tribunal deberá analizar la responsabilidad penal de los acusados en un debate oral y público.

El caso pone bajo la lupa una práctica histórica en zonas rurales, pero también muestra su evolución hacia esquemas más complejos, con logística, distribución y conexiones comerciales. En ese entramado, la Justicia intenta ahora avanzar hacia una resolución definitiva.