El fiscal general Eduardo Villalba ratificó ayer la acusación penal contra el exintendente de Morillo, Atta Gerala, y contra el exjefe del destacamento policial de Pluma de Pato, Mauro Rodríguez, en el marco del juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.

Durante los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la imputación contra Gerala por los delitos de contrabando de mercadería triplemente agravado, por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos.

En tanto, Rodríguez está acusado por el delito de cohecho pasivo.

Los alegatos se realizaron en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano. Tras la exposición de la fiscalía, las defensas de ambos imputados solicitaron la absolución.

El juicio continuará el próximo miércoles por la tarde, cuando el tribunal deliberará y dará a conocer el veredicto respecto a la responsabilidad penal de los acusados.

La causa investiga un esquema vinculado al robo sistemático de rieles y su presunto traslado y comercialización ilegal en la región, con intervención de distintos actores y bajo sospecha de utilización de recursos públicos.

Durante el debate oral, uno de los ejes estuvo puesto en el funcionamiento del municipio durante la gestión de Gerala. Testimonios incorporados en audiencias previas dieron cuenta de que parte de la actividad administrativa se realizaba en la vivienda del exintendente, donde incluso funcionaba un depósito municipal.

En ese contexto, una testigo señaló que el galpón de la propiedad era utilizado como depósito de la Municipalidad desde 2020 y que, tras un allanamiento realizado por Gendarmería, se secuestraron herramientas de corte, un generador y 15 rieles. También declaró que desempeñaba funciones como secretaria de Hacienda desde su domicilio, ya que, según expresó, «para el intendente era más cómodo».

Otro testimonio indicó que una camioneta de propiedad de Gerala era utilizada para tareas municipales y que el galpón del inmueble funcionaba como centro de operaciones del municipio.

Ya hay un condenado

En esa misma línea, surgieron referencias a la utilización de bienes y recursos fuera de las dependencias oficiales dentro de una compleja causa que lleva adelante la Justicia federal.

El caso también tiene antecedentes vinculados a otros imputados, entre ellos el hijo del exintendente, quien ya fue condenado por el robo de rieles, en una investigación que abarca distintas localidades del norte provincial.