La reaparición de los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a ganar lugar en la discusión pública en los últimos días.

En ese marco, bloques de la oposición presentaron un proyecto de ley que plantea implementar un nuevo sistema de financiamiento orientado a jubilados, titulares de asignaciones sociales y trabajadores con ingresos bajos, con la posibilidad de acceder a préstamos de hasta $1.500.000.

CÓMO SERÍA LA SOLICITUD PARA LOS NUEVOS CRÉDITOS ANSES

La propuesta surge luego de que se eliminaran las líneas tradicionales de financiamiento del organismo a través del decreto 421/2025. En ese escenario, el proyecto busca reintroducir esta herramienta, aunque con un enfoque diferente al aplicado en etapas anteriores.

De acuerdo con el texto presentado en el Congreso, la iniciativa tiene como objetivo central asistir a personas que hoy se encuentran fuertemente endeudadas, especialmente con tarjetas de crédito o préstamos informales que suelen implicar tasas muy elevadas. Esta situación dificulta que muchos hogares puedan regularizar sus compromisos financieros.

El esquema prevé que el financiamiento provenga del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), uno de los instrumentos clave del sistema previsional argentino. La idea es destinar parte de esos recursos para otorgar créditos en condiciones más accesibles a quienes actualmente están excluidos del sistema bancario tradicional.

Según las estimaciones incluidas en el proyecto, el universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas. Esto abarca tanto a jubilados y pensionados como a titulares de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Entre los grupos alcanzados figuran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), además de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con ingresos de hasta seis haberes mínimos.

También podrían acceder quienes perciben Pensiones No Contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la modalidad de otorgamiento. A diferencia de esquemas anteriores, el dinero no se entregaría en efectivo ni se depositaría directamente en la cuenta del solicitante.

El mecanismo funcionaría mediante un sistema digital de desendeudamiento gestionado a través de Mi ANSES. En ese proceso, el beneficiario deberá informar las deudas que mantiene con entidades financieras o acreedores.

Una vez validados los datos, el organismo transferiría el dinero directamente al acreedor correspondiente para cancelar total o parcialmente la deuda, lo que implica que el crédito estaría exclusivamente orientado a reducir pasivos existentes.

El monto máximo previsto alcanza los $1.500.000 y podría actualizarse automáticamente en función de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de evitar que la inflación licúe su valor real.

En cuanto a las condiciones, se propone una tasa basada en la TAMAR más diez puntos porcentuales, y se establece que las cuotas mensuales no podrán superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Pese a la expectativa generada, los créditos aún no están disponibles, ya que el proyecto debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley. Sus impulsores confían en que pueda tratarse en la Cámara de Diputados en los próximos meses y, en caso de avanzar, estiman que podría implementarse recién durante el segundo semestre de 2026.