La vuelta de página que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei esperaban tras la exposición de Manuel Adorni en Diputados y su posterior conferencia de prensa no solo no se produjo, sino que nuevos elementos, como la declaración del contratista que remodeló la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, agravaron su situación judicial.

La declaración de Matías Tabar, quien bajo juramento aseguró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por las refacciones en la vivienda, se convierte en un punto clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Esta situación se complica aún más con la revelación de que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pagaron en efectivo por obras en su casa de lujo, sin factura ni recibo alguno, lo que suma elementos irregulares al expediente judicial. Los pagos se habrían realizado entre octubre de 2024 y julio de 2025.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga si el jefe de Gabinete justificará este movimiento de fondos en relación con sus ingresos.

Adorni, mientras, mantiene el apoyo del presidente Milei. De hecho, el Presidente le dio ayer un nuevo gesto de respaldo al sentarlo a su lado en una reunión con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer. Lo hizo a solo horas de iniciar su viaje a Estados Unidos.

No obstante, dentro del Gabinete crece la presión para que Adorni dé un paso al costado, aunque se menciona en voz baja y lejos de Milei. Algunos ministros, como el de Economía, Luis Caputo, han señalado en reuniones privadas que el escándalo podría agravar la situación económica del país, afectando el riesgo país y la confianza de los inversores.

Peritaje y testimonios

La Justicia, por su parte, continúa con la investigación. El fiscal Pollicita solicitó el peritaje del celular de Tabar para analizar las comunicaciones entre él y Adorni. En sus declaraciones, Tabar mencionó llamadas previas a su testimonio, en las que Adorni intentó influir en su declaración, lo que añade un nuevo frente a la investigación.

Además, hoy declararán otros testigos clave, como el hijastro de una de las jubiladas que vendió un inmueble en Caballito a los Adorni. La venta de este departamento, que se realizó con un pago inicial en efectivo de 30.000 dólares y una hipoteca por 200.000 dólares, también está siendo investigada.

El fiscal también ha solicitado un informe sobre la evolución patrimonial de la familia Adorni, especialmente respecto de la compra de su propiedad en el country Indio Cuá y otros bienes que se han adquirido en los últimos años. En caso de que se detecten inconsistencias en la justificación de sus ingresos y su estilo de vida, se podría avanzar con una declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Rechazan el pedido de detención

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó ayer el pedido de la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, para detener «de manera inmediata» al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por considerar que no existe un «riesgo real o grave» para emitir una orden de arresto en esta instancia de la investigación.

Lo que la fiscalía dictaminó es que no se verifican los «extremos necesarios», como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura. Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.

Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

«Doctrina Irurzun»

Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la «doctrina Irurzun», un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar «vínculos residuales» y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo.

En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene «capacidad estructural» para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido «presiones» por parte del funcionario horas antes de testificar.

En lo que respecta a las próximas indagatorias, hoy declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

Además, para determinar posible inconsistencia entre sus ingresos y egresos de Adorni, el fiscal Pollicita dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General de la Nación.