Fui al banco hace unos días. No a pedir una fortuna obscena, ni a hipotecar el porvenir en cuotas eternas. Apenas un millón de pesos. Una cifra que, en la Argentina de hoy, ya ni siquiera tiene la dignidad de lo extraordinario.

Tengo dos cuentas en ese banco. No figuro en el Veraz. No arrastro deudas. No hay firmas comprometidas ni antecedentes dudosos. Podría decirse -y no sin cierto orgullo antiguo que- estoy limpio. Demasiado limpio, al parecer.

—»Usted no tiene scoring bancario», me dijeron.

Traducido al castellano brutal de estos tiempos: no sirvo. No califico. No existo en el sistema. Porque no debo, porque no consumo a crédito, porque no estoy atado a la rueda perpetua del endeudamiento. Para el banco -y para el sistema- ser responsable es una anomalía.

Hay algo profundamente revelador en eso. El sistema no premia la solvencia: premia la dependencia.

Y entonces, inevitablemente, uno recuerda aquella vieja letra que aprendimos en la escuela, como quien memoriza una verdad sagrada: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…». Así reza el artículo 16 de eso que llamábamos la Constitución Nacional.

Somos Iguales, dice… La palabra resuena como una ironía en estos días.

Porque mientras a un ciudadano común se le niega un crédito menor por no estar lo suficientemente endeudado, vemos desfilar -con una naturalidad obscena que ya ni siquiera escandaliza- a funcionarios, pseudoperiodistas y amigos del gobierno nacional accediendo a créditos hipotecarios por cifras que marean. Cientos de millones de pesos. Condiciones blandas. Velocidades administrativas que rozan lo milagroso. Incluso alguno con sueldos embargados.

¿Dónde quedó entonces la igualdad ante la ley de este gobierno?

Decía el viejo adagio romano que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo. Hoy ni siquiera se cuida la apariencia. Las sospechas de corrupción rozan a altos funcionarios, a entornos íntimos, incluso a la propia investidura presidencial y se acumulan con la pesadez de lo evidente.

Y entonces la pregunta ya no es jurídica. Es moral.

¿Qué pasó con la ética pública? ¿Dónde quedó el honor como categoría política? ¿En qué rincón se archivó la verdad?

Porque muchos y -me incluyo- acompañamos con el voto una promesa. La promesa de terminar con los privilegios. De barrer con la casta. De inaugurar un tiempo distinto.

El país se desliza hacia una miseria cada vez más palpable. No sólo material, también intelectual. No hay revolución educativa, apenas consignas. Las pymes, ese músculo vital que en la Europa de posguerra reconstruyó naciones enteras, aquí cierran, una tras otra, en silencio, como pequeñas derrotas cotidianas.

Se nos habla de federalismo desde despachos que parecen mirar más a Washington o a Tel Aviv que a cualquier provincia argentina. Se invocan «las ideas de la libertad», pero nadie logra explicarlas sin caer en eslóganes.

Y en nombre de esa libertad, se naturaliza la exclusión: de los enfermos, de los jubilados, de los niños. Finalmente, queda esa otra gran consigna: la «batalla cultural». y uno se pregunta, con honestidad: ¿cuál es esa batalla? ¿Dónde se libra? ¿Quién la está ganando?

Porque si el resultado es este, más desigualdad, más distancia, más desamparo, entonces tal vez no estemos frente a una victoria, sino ante una rendición disfrazada de relato.

Y mientras tanto, en alguna ventanilla bancaria, un ciudadano «demasiado limpio» sigue siendo rechazado. No por lo que hizo. Sino, curiosamente, por lo que no hizo.

Si, lo digo públicamente, quiero que me indemnicen el voto.