La violencia ejercida contra Diana Ferreyra, una mujer indígena del pueblo Wichí, volvió a poner en evidencia el clima de tensión territorial y discriminación que atraviesan comunidades originarias del norte salteño. La mujer denunció que fue golpeada, arrastrada y amenazada por un grupo de criollos en la localidad de Fortín Dragones, mientras -según relató- la Justicia y la Policía permanecieron prácticamente inmóviles.

Ferreyra, de 37 años y madre de un adolescente de 16, aseguró que el ataque ocurrió la noche del 13 de mayo en un terreno ubicado sobre calle José Domingo Vera, en Dragones, departamento San Martín. Allí tenía previsto construir su vivienda luego de haber obtenido formalmente la posesión del lote mediante un acta firmada por el juez de paz en 2024.

Sin embargo, el conflicto por la tierra escaló violentamente. Según la denuncia presentada por la mujer, al menos cinco adolescentes y un hombre identificado como Aldo Armando Abán irrumpieron en el lugar junto a una veintena de hombres que observaban y alentaban la agresión entre gritos e insultos racistas.

“Ayer viernes fuimos a buscar a la fiscalía para que nos diga cómo sigue todo. Los vecinos me dijeron que Abán está construyendo en mi terreno. Yo tengo el acta de posesión y él no tiene nada”, sostuvo Ferreyra, quien apuntó directamente contra la fiscal Gabriela Souto por la falta de respuestas judiciales.

“Ahí mantiene a los criollos con asado y bebidas alcohólicas. La Justicia avala la impunidad de los criollos porque no hace nada”, denunció.

La mujer relató que los agresores destruyeron materiales de construcción, maderas, alambres y herramientas de trabajo que utilizaba para elaborar comidas y sostener económicamente a su familia; le quitaron hasta su emprendimiento gastronómico. Tras el ataque, Diana y sus familiares debieron abandonar el lugar y refugiarse en la casa de su hermana Micaela, en Misión Carboncito, a más de una hora de viaje.

Golpes, amenazas y humillación

En su denuncia, Ferreyra describió escenas de extrema violencia. Contó que inicialmente fue atacada por cinco adolescentes, quienes, según consta en la denuncia, «actuaban bajo las órdenes de Aldo Abán».

La golpearon con puños y patadas, la mordieron en brazos y espalda, le tiraron del cabello y la ahorcaron. Su madre, Marta Herrera, aseguró que incluso utilizaron un alambre para intentar asfixiarla.

“Una de ellas le dio un rodillazo en la nuca”, detalló la denuncia. Luego, la mujer fue arrastrada hasta una camioneta Jeep bordó, donde Abán le habría propinado una fuerte patada en las costillas y la espalda.

“Yo soy de aquí y la Policía no me puede hacer nada”, repetía el acusado, según el relato de la víctima.

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Todo ocurría mientras un grupo de hombres observaba, festejaba y arengaba el ataque. Algunos encendieron fogatas en el lugar y lanzaban insultos racistas. En los videos difundidos por testigos también se escuchan gritos intimidatorios y expresiones discriminatorias dirigidas hacia la familia wichí.

La Policía llegó tarde

Ferreyra aseguró que durante el ataque no hubo intervención policial. Su madre sostuvo que los hermanos de Diana acudieron tres veces al destacamento de Dragones para pedir ayuda.

“La Policía recién fue cuando lo ordenaron desde el 911, pero llegaron cuando ya había terminado todo”, denunció Marta Herrera.

Tras la agresión, Diana logró llegar al destacamento policial, aunque sufrió una descompensación y debió ser trasladada en ambulancia al hospital de Embarcación, donde permaneció internada en observación hasta la noche siguiente.

Un conflicto por tierras

La disputa territorial parece ser el detonante inmediato de la violencia. Según la denuncia, horas antes del ataque Abán había cercado parte del terreno con postes y alambre tejido, asegurando que expulsaría a Ferreyra “a como diera lugar”.

Pero familiares y allegados creen que detrás del conflicto también existe un trasfondo más profundo.

Marta Herrera vinculó el ataque con un hecho ocurrido hace dos años, cuando un hijo de Diana, de apenas seis años, murió tras ser atropellado por un camión.

“El chofer estaba drogado y es familiar de toda esta gente que la atacó”, afirmó la mujer, quien sostuvo que aquel caso nunca tuvo justicia y que el resentimiento pudo haber alimentado las agresiones actuales.

El caso comenzó a difundirse públicamente gracias a la docente wichí Rosa Rodríguez, de Misión Carboncito, quien compartió mensajes y videos denunciando lo ocurrido.

“Los chaqueños atacando para desalojar a la hermana Diana Ferreyra por ser indígena”, escribió la docente al pedir ayuda para viralizar el caso.

«Yo soy una mujer indígena. Hay impunidad cuando un criollo ataca a un miembro de las comunidades, peor si es mujer. Y en mi caso hasta dicen que ni soy indígena. Pero lo que digo: en el Chaco la ley, la justicia y el Estado funciona para la impunidad de los criollos», declaró.

Mientras tanto, la familia teme regresar a Dragones. Diana perdió las herramientas con las que trabajaba en gastronomía, los materiales que había reunido durante dos años para construir su casa y, sobre todo, la sensación de seguridad.

En medio de las denuncias de racismo, violencia y usurpación, la comunidad espera ahora una respuesta concreta de la Justicia salteña, que hasta el momento permanece en silencio.