El gobierno encabezado por Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley que propone cambios en el sistema de pensiones por discapacidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La propuesta, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, plantea un reempadronamiento de los actuales beneficiarios e incorpora nuevas condiciones para acceder a esta prestación económica.
Con esta iniciativa, la administración nacional busca reformular los criterios de otorgamiento de las pensiones por invalidez, estableciendo requisitos más estrictos para quienes perciben este ingreso y avanzando en un proceso de revisión del padrón vigente.
QUÉ CAMBIA PARA LOS PENSIONADOS DE ANSES EN MAYO 2026
El proyecto impulsado por el oficialismo plantea una reforma amplia en el régimen vigente de las Pensiones No Contributivas, incorporando nuevas exigencias para quienes ya reciben el beneficio y endureciendo los controles sobre la continuidad de las prestaciones.
Uno de los cambios centrales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez laboral. Según la propuesta, cada beneficiario deberá reinscribirse y actualizar sus datos personales, médicos, laborales y socioeconómicos en un plazo máximo de 90 días.
En caso de no cumplir con este trámite, se aplicaría una suspensión preventiva del pago. Luego, el titular dispondría de 60 días adicionales para regularizar la situación; de no hacerlo dentro de ese período, la prestación podría ser dada de baja de manera definitiva.
La iniciativa también modifica las condiciones de acceso previstas en la Ley N.º 13.478, estableciendo que la pensión estará destinada a personas mayores de 70 años o a quienes acrediten imposibilidad laboral, siempre que no cuenten con ingresos suficientes ni estén cubiertos por otro régimen previsional.
Además, el nuevo esquema propone que la prestación mensual represente el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por el SIPA, lo que actualmente equivale a unos $275.221. A su vez, busca eliminar la actualización automática por inflación y quitar la posibilidad de otorgar adicionales por zona desfavorable.
Otro de los puntos destacados es que el beneficio seguiría siendo incompatible con empleos registrados, incluso cuando el monto percibido sea reducido. Esto significa que quienes trabajen en relación de dependencia o estén inscriptos como monotributistas no podrían mantener la pensión.
En materia de controles, el proyecto incorpora auditorías médicas y socioeconómicas periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones exigidas para percibir la prestación.
Para ello, se prevé el cruce de información entre distintos organismos del Estado, como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo y SINTyS, con el objetivo de detectar inconsistencias o incumplimientos en los requisitos médicos, económicos y laborales.
