Buenos Aires, 21 abril (NA) — Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró hoy de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del pintoresco nombre del proyecto con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer «legislación obsoleta» es “el ordenamiento normativo”.

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales «se contabilizan más de un millón de normas».

“Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano», señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca».

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

“Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos», y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar prestamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”.

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores.

La diputada de La Libertad Avanza Patricia Vásquez confirmó que “la decisión es ésta” y lamentó que no se puedan “poner de acuerdo porque el más mínimo sentido común nos tendría que ayudar a no tener leyes en desuso”.

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