La regulación de la seguridad vial en Argentina atraviesa un momento de redefinición tras los anuncios del Gobierno Nacional sobre la desregulación de diversos trámites automotores. En este escenario, una de las dudas más recurrentes entre los conductores es qué sucederá con la VTV en la provincia de Buenos Aires.

Los recientes ajustes en el valor de la unidad fija de multa y el incremento en las tarifas del servicio han puesto a la VTV bonaerense bajo el escrutinio público, comparándola con los modelos de autogestión que se proponen desde Nación.

QUÉ SUCEDERÁ CON LA VTV EN BUENOS AIRES Y POR QUÉ ES UNA POLÉMICA

En el marco de la reciente desregulación de los trámites automotores impulsada por el Gobierno Nacional de Javier Milei, la provincia de Buenos Aires ha manifestado una postura de firme resistencia.

A pesar de que sectores de la oposición, liderados por figuras como la diputada María Paula Bustos, han presentado proyectos para derogar parte de la Ley 13.927 y alinear el sistema provincial con el nuevo decreto nacional 139/26, la administración de Axel Kicillof confirmó que mantendrá el régimen actual de la VTV. Esto significa que las modificaciones federales, como la apertura de talleres privados o la extensión de plazos de vigencia, no tendrán aplicación en ninguno de los 135 municipios bonaerenses por el momento.

Desde el Ministerio de Transporte provincial, bajo la conducción de Martín Marinucci, argumentan que flexibilizar los controles actuales representaría un riesgo directo para la seguridad vial. El Ejecutivo bonaerense enfatiza la importancia de mantener un control estatal estricto sobre el sistema, citando como antecedente la clausura de más de 450 sitios ilegales que emitían obleas falsas.

Para el gobierno de la provincia, habilitar talleres privados o eliminar el Impuesto a los Consumos Medios (ICM) podría derivar en irregularidades y en un aumento de la siniestralidad, por lo que el esquema de plantas oficiales y verificaciones periódicas continuará operando sin cambios.