El plan de blanqueo laboral impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha generado escepticismo entre los referentes de las pequeñas y medianas empresas (pymes), quienes consideran que la iniciativa ha llegado en un momento inoportuno. La falta de dinamismo en las ventas y la profunda caída de la actividad económica, sumada a la persistencia de altos costos operativos, configuran un panorama desalentador que dificulta la adhesión a este tipo de programas.
Dudas sobre la eficacia del programa
Los portavoces del sector empresarial, consultados ante el lanzamiento del programa de regularización de empleados “en negro”, coinciden en que es improbable que el plan, que se enmarca en la reforma laboral y tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2027, logre el éxito esperado. La principal razón esgrimida es que las pymes ya se encuentran lidiando con serios problemas de liquidez. De hecho, se señala que muchas empresas están teniendo dificultades para honrar compromisos de planes de pago y moratorias anteriores, al mismo tiempo que sufren una merma constante en sus ingresos debido a la baja sostenida de la demanda.
Antecedentes de fracaso y altos costos remanentes
Vicente Lourenzo, dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y asesor tributario, trajo a colación la experiencia de un blanqueo previo. Recordó que la Ley Bases había establecido un programa similar que caducó el 24 de diciembre, el cual incluía una reducción del 70% en las cargas sociales. Sin embargo, este antecedente “no anduvo”, explicó, porque “si bien la condonación fue alta, el 30% que no está condonado sigue siendo una cifra muy elevada” para las estructuras financieras actuales de las pymes. A esto se suma, según alertó Lourenzo, la obligación de “seguir pagando las cuotas de planes y moratorias anteriores y, además, en algunas provincias, ingresos brutos”, lo que agrava la presión fiscal sobre las empresas.
Pymes al borde del colapso y temor a embargos de ARCA
Desde otra trinchera, Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), minimizó la novedad del blanqueo de ARCA, al considerarlo una réplica de experiencias pasadas que no rindieron frutos. Aunque reconoció la bondad intrínseca del plan, Fernández enfatizó que la decisión de regularizar personal es una potestad exclusiva de cada empresario, tomada en consenso con sus trabajadores.
El foco de la preocupación de CGERA se sitúa en la crítica situación financiera de las pymes. Fernández reveló que la entidad está gestionando ante ARCA la implementación de un plan de pagos más flexible que permita a las empresas “respirar”. La realidad es que la gran mayoría de las compañías enfrenta serias complicaciones para abonar los impuestos corrientes derivados de su actividad. La incapacidad de pago está teniendo consecuencias dramáticas: “Están empezando a caer embargos y en breve puede haber causas penales porque si se trata de retenciones va derecho a penal tributario”, advirtió Fernández. El dilema es elemental: “El problema que tenemos es que no podemos pagar salarios, y entonces no le retenemos. No podemos pagar”, sentenció, poniendo en evidencia que las empresas apenas logran cumplir con las obligaciones del personal ya registrado, quedando muy lejos de estar en condiciones de afrontar un blanqueo, por más ventajoso que se presente.
La situación del empleo confirmada por la UIA
Esta dificultad para honrar las obligaciones laborales y fiscales se alinea con los datos recopilados por la Unión Industrial Argentina (UIA) a principios de año. Una encuesta realizada en enero ya anticipaba la crisis en el sector:
- Caída del Empleo: El 22,2% de las empresas había reportado una disminución en su nómina de empleo en el período previo.
- Ajuste de Personal: Dentro de las empresas que redujeron personal, la mitad informó haber recurrido a esta medida como respuesta directa a la menor producción.
- Expectativas Negativas: En cuanto a las proyecciones futuras, un 26% de las empresas anticipaba una reducción en su plantilla, superando al 19,4% que preveía incorporar nuevos trabajadores en el siguiente año.
- Dificultades Financieras Generalizadas: El 45,6% de las empresas admitió enfrentar problemas para cubrir al menos una de sus obligaciones esenciales: salarios, pago a proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Las mayores dificultades se concentraban en el pago de impuestos (33,2%) y a proveedores (31,9%), lo que subraya la insostenibilidad de la carga fiscal y la cadena de pagos en el contexto económico actual.
