Buenos Aires, 28 abril (NA) – El Servicio Alimentario Escolar volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez en 25 de Mayo, donde la Provincia suspendió preventivamente a la firma PRESTOSERVICE S.R.L. tras detectar presuntas irregularidades en la entrega de alimentos y en la documentación presentada ante el Consejo Escolar local.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada mientras avanzan actuaciones administrativas y una investigación judicial por posibles maniobras vinculadas a remitos, facturación y eventual adulteración de documentos, en un expediente que empezó a escalar después de varias inconsistencias detectadas en la prestación.

El foco de la revisión estuvo puesto en una diferencia sensible entre los productos pedidos por las escuelas, los alimentos que habrían sido efectivamente entregados y los montos finalmente facturados por la empresa. Esa brecha entre papeles, prestaciones y pagos fue el disparador de la intervención oficial.

Los números del expediente agravaron el cuadro: sobre un total de 92 instituciones educativas alcanzadas por el servicio, solo se registraron 51 remitos de entrega, y dentro de ese universo relevado se detectaron anomalías en el 18% de la documentación presentada.

Con esos datos sobre la mesa, la revisión administrativa concluyó que la operatoria podría haber generado un perjuicio económico cercano a los $3 millones, lo que aceleró la suspensión preventiva y empujó una revisión integral del vínculo contractual de la firma con el Estado.

El caso ya no expone solo a un proveedor. También vuelve a poner bajo la lupa un punto especialmente sensible: la trazabilidad del alimento que llega a las escuelas y el nivel de control real sobre un sistema que debería tener margen cero para las dudas.

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