Buenos Aires, 24 abril (NA)- El conflicto entre el Gobierno nacional y los medios de comunicaci\u00f3n sum\u00f3 este 24 de abril de 2026 un nuevo y decisivo cap\u00edtulo judicial. \u00c1mbito Financiero present\u00f3 una acci\u00f3n de amparo contra el Estado Nacional para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada, luego de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del acceso a la prensa.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n busca restablecer de manera inmediata el trabajo de Liliana Franco y Cecilia Camarano, dos cronistas hist\u00f3ricamente acreditadas en la sede del Poder Ejecutivo, y coloca en el centro del debate la legalidad y proporcionalidad de una medida que alter\u00f3 abruptamente las condiciones de cobertura period\u00edstica.<\/p>\n
La acci\u00f3n judicial fue impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables de la publicaci\u00f3n de \u00c1mbito Financiero, y contiene un pedido expl\u00edcito de medida cautelar innovativa, seg\u00fan pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas. <\/p>\n
En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, el medio solicita que la Justicia ordene al Estado levantar de inmediato el bloqueo mientras se sustancia el fondo del amparo, al considerar que se vulneran derechos constitucionales b\u00e1sicos como la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
El origen inmediato del conflicto se produjo el d\u00eda anterior, cuando el Gobierno procedi\u00f3 a dar de baja la huella digital y los permisos de ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La decisi\u00f3n, ejecutada sin previo aviso, impidi\u00f3 el ingreso regular de cronistas, camar\u00f3grafos y reporteros gr\u00e1ficos que trabajan a diario en Balcarce 50 y paraliz\u00f3 de hecho la sala de prensa presidencial. La medida fue ordenada por la Casa Militar, \u00e1rea encargada de la seguridad presidencial y control de accesos.<\/p>\n
Desde el Ejecutivo, la restricci\u00f3n fue justificada como una medida preventiva de seguridad nacional, vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. La acusaci\u00f3n apunta contra periodistas de la se\u00f1al Todo Noticias (TN) que habr\u00edan filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes, sin autorizaci\u00f3n. A partir de ese episodio, el Gobierno resolvi\u00f3 extender el castigo a la totalidad de la prensa acreditada, argumentando la necesidad de preservar la seguridad y realizar verificaciones internas.<\/p>\n
Esa generalizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n es, precisamente, uno de los ejes del planteo judicial de \u00c1mbito. El medio sostiene que, aun en el supuesto de que existiera una conducta irregular individual \u2014cuesti\u00f3n que est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n judicial\u2014, no resulta razonable ni lawful aplicar una prohibici\u00f3n indiscriminada a periodistas y medios que no est\u00e1n involucrados en la denuncia. Desde el punto de vista jur\u00eddico, el amparo apunta a la desproporci\u00f3n de la medida y a la ausencia de una resoluci\u00f3n judicial que avale una restricci\u00f3n de semejante alcance.<\/p>\n
El caso de \u00c1mbito se inscribe en un contexto m\u00e1s amplio de creciente tensi\u00f3n entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa, marcado por discursos oficiales hostiles, revocaciones selectivas de acreditaciones y acusaciones de espionaje y operaciones pol\u00edticas contra comunicadores. Diversos periodistas afectados denunciaron que se trata de una restricci\u00f3n sin precedentes en democracia, y organismos del sector advirtieron sobre el impacto institucional de cerrar el principal \u00e1mbito de cobertura del Poder Ejecutivo.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n del amparo tambi\u00e9n tiene un fuerte componente simb\u00f3lico. \u00c1mbito Financiero es uno de los medios con mayor tradici\u00f3n en la cobertura pol\u00edtica y econ\u00f3mica y Liliana Franco, una de las periodistas afectadas, cuenta con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de acreditaci\u00f3n en la Casa Rosada.<\/p>\n
En paralelo al amparo de \u00c1mbito, otros sectores del periodismo eval\u00faan acciones colectivas o judiciales similares. Diputados de la oposici\u00f3n reclamaron explicaciones formales al Gobierno y anticiparon que podr\u00edan activar la Comisi\u00f3n de Libertad de Expresi\u00f3n de la C\u00e1mara baja. Organizaciones period\u00edsticas y sindicatos del sector tambi\u00e9n expresaron preocupaci\u00f3n por el precedente que se sienta al limitar de manera administrativa el acceso a una fuente central de informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Del lado del Ejecutivo, las explicaciones se mantienen en la l\u00ednea de la seguridad. Funcionarios cercanos a la Casa Rosada insisten en que la decisi\u00f3n no implica censura ni una orientaci\u00f3n pol\u00edtica contra los medios, sino una medida transitoria mientras se revisan c\u00e1maras, pasillos y sistemas internos. Sin embargo, hasta el momento no se comunic\u00f3 un plazo ni un mecanismo claro para la restituci\u00f3n del acceso, lo que aliment\u00f3 las dudas y aceler\u00f3 la judicializaci\u00f3n del conflicto.<\/p>\n
La acci\u00f3n de amparo presentada por \u00c1mbito coloca ahora la discusi\u00f3n en el terreno judicial, donde deber\u00e1 evaluarse si el cierre de la Casa Rosada a la prensa constituye una restricci\u00f3n ileg\u00edtima de derechos constitucionales. La resoluci\u00f3n que adopte el juzgado \u2014especialmente sobre la cautelar solicitada\u2014 ser\u00e1 clave no solo para el futuro inmediato de la cobertura period\u00edstica del Gobierno, sino tambi\u00e9n para el equilibrio entre seguridad, transparencia y libertad de prensa en un escenario pol\u00edtico cada vez m\u00e1s polarizado. #AgenciaNA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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