Buenos Aires, 10 abril (NA) \u2013\u2013 La Justicia federal desestim\u00f3 una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos p\u00fablicos en municipios de Tucum\u00e1n y concluy\u00f3 que no existi\u00f3 delito, en una resoluci\u00f3n que fortalece la posici\u00f3n del ministro del Interior provincial, Dar\u00edo Monteros, quien tuvo un rol central en el caso.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se hab\u00eda iniciado a partir de una presentaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), basada en reportes de operaciones sospechosas enviados a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que advert\u00edan sobre movimientos financieros inusuales en distintas intendencias.<\/p>\n
Sin embargo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz determin\u00f3 que los hechos analizados no configuraban delito penal, mientras que el juez subrogante Guillermo D\u00edaz Mart\u00ednez dispuso el archivo de la causa al no existir impulso del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Durante el per\u00edodo bajo an\u00e1lisis, Monteros se desempe\u00f1aba como intendente de Banda del R\u00edo Sal\u00ed, uno de los municipios incluidos en la denuncia. Desde el inicio del caso, sostuvo que las extracciones observadas respond\u00edan al pago de haberes a personal no bancarizado, una explicaci\u00f3n que finalmente fue convalidada por la Justicia al descartar la existencia de maniobras delictivas, supo la Agencia Noticias Argentinas.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n judicial pone en valor la posici\u00f3n sostenida por Monteros a lo largo del proceso, al confirmar que no se acreditaron irregularidades penales en la operatoria financiera del municipio bajo su gesti\u00f3n.<\/p>\n
El expediente inclu\u00eda tambi\u00e9n a otras intendencias tucumanas y se enmarcaba en un an\u00e1lisis m\u00e1s amplio de movimientos de fondos durante el a\u00f1o electoral 2023. No obstante, el cierre de la causa en sede federal introduce un elemento de peso al descartar la hip\u00f3tesis de delito.<\/p>\n
En ese contexto, fuentes cercanas al proceso se\u00f1alaron que la decisi\u00f3n judicial refuerza la legitimidad de las pr\u00e1cticas administrativas adoptadas y consolida el respaldo institucional a las gestiones locales, con Monteros como uno de los principales referentes pol\u00edticos alcanzados por la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
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