El proyecto de Ley de Modernizaci\u00f3n Laboral que llega este viernes al Senado para convertirse finalmente en ley trae consigo un debate que excede la relaci\u00f3n entre empleadores y trabajadores: la abogac\u00eda laboralista sali\u00f3 a cuestionar dos art\u00edculos que, seg\u00fan advierten, podr\u00edan restringir el acceso a la Justicia de los propios trabajadores que dicen representar.<\/u><\/p>\n
Pero para el oficialismo, esas normas apuntan a algo concreto: poner l\u00edmites a pr\u00e1cticas abusivas dentro del litigio laboral.<\/p>\n
El coraz\u00f3n de la pol\u00e9mica est\u00e1 en la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la gratuidad del proceso laboral. La reforma mantiene ese principio, pero agrega una salvedad de peso: si en el expediente queda configurada una \u201cpluspetici\u00f3n inexcusable\u201d \u2014es decir, si el juez determina que el monto reclamado fue sobreestimado de manera objetiva\u2014, las costas del juicio deber\u00e1n ser pagadas solidariamente por la parte y por el abogado que la represent\u00f3.<\/u><\/p>\n
En resumen: si un letrado infl\u00f3 el reclamo sin sustento, responde con su propio bolsillo.<\/b><\/p>\n
La l\u00f3gica detr\u00e1s de la norma es desalentar una pr\u00e1ctica habitual en el fuero laboral, donde algunos estudios jur\u00eddicos presentan demandas con montos exorbitantes como estrategia de presi\u00f3n o negociaci\u00f3n<\/b>, sabiendo que el trabajador no tiene riesgo patrimonial por la gratuidad del proceso. Con este cambio, el profesional s\u00ed lo tendr\u00eda.<\/b><\/p>\nEl art\u00edculo 277 y el pago en cuotas<\/h2>\n
El segundo punto en disputa es el art\u00edculo 277, que habilita el pago en cuotas de las sentencias condenatorias: hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para pymes. La norma incluye en ese esquema tanto el cr\u00e9dito del trabajador como los honorarios de sus abogados. Adem\u00e1s, fija un tope: las costas procesales \u2014honorarios incluidos\u2014 no podr\u00e1n superar el 25% del monto total de la sentencia o acuerdo.<\/b><\/p>\n
El Colegio P\u00fablico de la Abogac\u00eda de la Capital Federal (CPACF), que nuclea a casi 90.000 matriculados, envi\u00f3 una carta a Mart\u00edn Menem y a los jefes de los bloques parlamentarios para advertir sobre lo que considera \u201cgraves implicancias\u201d para el ejercicio profesional.<\/p>\n
Su principal objeci\u00f3n al art\u00edculo 20 es que la pluspetici\u00f3n queda configurada de manera objetiva, sin necesidad de probar mala fe ni conducta temeraria.<\/b> Para el Colegio, eso es excesivo: ya existen herramientas procesales para sancionar abusos, y aplicar esta responsabilidad solo en el fuero laboral implicar\u00eda un trato discriminatorio respecto de otras ramas del derecho. El riesgo real, advierten, es que ante la amenaza patrimonial los abogados opten por reclamos m\u00e1s conservadores o directamente rechacen casos de menor cuant\u00eda o larga tramitaci\u00f3n.<\/p>\n
Respecto del art\u00edculo 277, cuestionan que en un fuero hist\u00f3ricamente dise\u00f1ado para proteger cr\u00e9ditos de naturaleza alimentaria se equipare al trabajador \u2014y a su abogado\u2014 con cualquier otro acreedor, diluyendo esa tutela reforzada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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